{"id":47970,"date":"2025-08-22T06:03:31","date_gmt":"2025-08-22T09:03:31","guid":{"rendered":"https:\/\/hablemosclarotdf.com.ar\/?p=47970"},"modified":"2025-08-22T06:03:31","modified_gmt":"2025-08-22T09:03:31","slug":"senador-pablo-blanco-bases_para_el_rechazo_a_los_decretos_del_poder_ejecutivo_senador_","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hablemosclarotdf.com.ar\/?p=47970","title":{"rendered":"SENADOR PABLO BLANCO : Bases_para_el_rechazo_a_los_decretos_del_Poder_Ejecutivo_Senador_"},"content":{"rendered":"

SOBRE LOS DECRETOS DE FACULTADES DELEGADAS QUE EL PODER EJECUTIVO MAND\u00d3 AL CONGRESO QUE RECHAC\u00c9.<\/strong><\/p>\n

Por Pablo Daniel Blanco \u2013 Senador de la Naci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

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Suele decir el Presidente casi como un lema de vida que hay que tener \u201cel menor Estado posible\u201d. Lo \u00fanico que deja en claro el Presidente es que encarna 1\/3 del esp\u00edritu alberdiano. De las bases de la Constituci\u00f3n, al parecer, s\u00f3lo respeta el Poder Ejecutivo Nacional y s\u00f3lo en la medida que sea ejercido por \u00e9l.<\/p>\n

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La arquitectura institucional de un Estado no se destruye solo con la derogaci\u00f3n de sus leyes constitutivas. A veces, basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordin\u00e1ndolos a estructuras menores, eliminando su conducci\u00f3n t\u00e9cnica, retirando su autonom\u00eda presupuestaria y reasignando sus funciones hasta volverlos irrelevantes. Esto es lo que ocurre con los decretos 461\/25, 462\/25 y 351\/25, dictados al amparo de la Ley 27.742: bajo el argumento de reorganizar y modernizar, avanzan sobre organismos que la Constituci\u00f3n protege, excediendo los l\u00edmites de la delegaci\u00f3n legislativa, desvirtuando fines legales y debilitando capacidades cr\u00edticas del Estado.<\/p>\n

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La Ley 27.742, invocada como plataforma habilitante, declara la emergencia p\u00fablica en \u00e1reas administrativas, econ\u00f3micas y energ\u00e9ticas, y autoriza al Poder Ejecutivo a reorganizar la administraci\u00f3n. Pero el art. 76 de la Constituci\u00f3n impone condiciones: la delegaci\u00f3n solo puede referirse a materias determinadas de administraci\u00f3n o emergencia p\u00fablica, por tiempo limitado y con bases precisas. Los decretos en cuesti\u00f3n desbordan esos l\u00edmites: no reordenan para optimizar, sino que reconfiguran de ra\u00edz la naturaleza de entes aut\u00e1rquicos, cambiando su finalidad y su estructura de gobierno sin intervenci\u00f3n legislativa.<\/p>\n

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En lugar de disolver formalmente \u2014lo que requerir\u00eda ley\u2014, el Ejecutivo opta por una t\u00e1ctica de disoluci\u00f3n encubierta: absorci\u00f3n en secretar\u00edas ministeriales, supresi\u00f3n de \u00f3rganos colegiados, p\u00e9rdida de autarqu\u00eda, redistribuci\u00f3n de personal y patrimonio. Desde el punto de vista jur\u00eddico, el resultado es id\u00e9ntico al de la extinci\u00f3n formal: desaparici\u00f3n de la personalidad institucional y neutralizaci\u00f3n de su funci\u00f3n.<\/p>\n

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El caso del INTI es paradigm\u00e1tico. Creado para garantizar est\u00e1ndares industriales, calibraci\u00f3n metrol\u00f3gica y asistencia a la industria nacional, su credibilidad reside en la independencia t\u00e9cnica. El Decreto 462\/25 lo convierte en mera \u201cunidad organizativa\u201d dependiente de la Secretar\u00eda de Industria y Comercio, conservando apenas \u201cel personal t\u00e9cnico necesario\u201d. La red federal de laboratorios \u2014muchos de ellos \u00fanicos en su especialidad\u2014 queda a merced de decisiones presupuestarias centralizadas. Las empresas que dependen de sus certificaciones para exportar o cumplir con normas de seguridad se enfrentan a la incertidumbre y a la posible p\u00e9rdida de reconocimiento internacional de sus productos.<\/p>\n

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El INTA sufre un vaciamiento similar: se elimina su Consejo Directivo, \u00f3rgano donde confluyen universidades, productores y provincias, y se lo reduce a la condici\u00f3n de organismo desconcentrado bajo dependencia de la Secretar\u00eda de Agricultura. Se desarticula as\u00ed la l\u00f3gica federal y participativa que sosten\u00eda su misi\u00f3n de investigaci\u00f3n y extensi\u00f3n agropecuaria. La omisi\u00f3n m\u00e1s grave es el silencio respecto de sus proyectos en curso: ensayos sobre resistencia de cultivos, planes de sanidad animal, redes de asistencia t\u00e9cnica. Nada asegura que esas l\u00edneas de trabajo contin\u00faen o que los convenios vigentes con provincias y municipios se honren.<\/p>\n

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En el Banco Nacional de Datos Gen\u00e9ticos (BNDG), la reforma implica que una herramienta clave para causas de derechos humanos pierde autonom\u00eda y pasa a ser conducida por un director designado discrecionalmente por el Ejecutivo. La cadena de custodia gen\u00e9tica, que da valor probatorio a la evidencia, se vuelve m\u00e1s vulnerable a interferencias pol\u00edticas. El decreto omite toda referencia a c\u00f3mo se preservar\u00e1 la integridad de muestras, bases de datos y pericias en curso.<\/p>\n

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La Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad es directamente disuelta por el Decreto 461\/25. Sus competencias se reparten entre el Ministerio de Econom\u00eda y la Gendarmer\u00eda Nacional. El argumento oficial utiliza como justificativo un dato enga\u00f1oso: 84.000 kil\u00f3metros de rutas \u201ca cargo\u201d del Estado, cuando en realidad la red nacional efectiva es de unos 40.000 km. Inflar la cifra permite presentar como inevitable una reestructuraci\u00f3n masiva que, en rigor, afecta una red manejable y cr\u00edtica para la integraci\u00f3n territorial. La Gendarmer\u00eda puede controlar, pero no planificar obras, licitar mantenimientos, ni dise\u00f1ar ingenier\u00eda vial; reemplazar t\u00e9cnicos por polic\u00edas en estas funciones erosiona la seguridad y la previsi\u00f3n.<\/p>\n

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En Tierra del Fuego, estos cambios adquieren un matiz particular. La provincia depende de la RN3 para abastecerse, mover su producci\u00f3n y sostener su turismo. El Paso Garibaldi, por su geograf\u00eda y clima, requiere mantenimiento experto y continuo, sobre todo en invierno. La DNV ten\u00eda protocolos, flotas y contratos espec\u00edficos para despejar nieve y hielo, coordinar emergencias y garantizar la transitabilidad. Sin esa planificaci\u00f3n, el riesgo de cierres prolongados \u2014y con ellos, desabastecimiento e incomunicaci\u00f3n\u2014 aumenta de forma sustantiva.<\/p>\n

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El cruce por barcaza en territorio chileno a\u00f1ade otra capa de vulnerabilidad: cualquier interrupci\u00f3n requiere coordinaci\u00f3n binacional, algo que un Estado sin organismo t\u00e9cnico fuerte pierde capacidad de negociar y gestionar. En temporadas invernales, la conjunci\u00f3n de Paso Garibaldi, barcaza y condiciones clim\u00e1ticas extremas puede aislar a la isla, con costos humanos y econ\u00f3micos inmediatos.<\/p>\n

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En el plano doctrinario libertario, la contradicci\u00f3n es evidente: la reducci\u00f3n del Estado no puede traducirse en la eliminaci\u00f3n de sus funciones esenciales. Un Estado m\u00ednimo \u2014en la teor\u00eda liberal cl\u00e1sica\u2014 sigue necesitando \u00e1rbitros neutrales para certificar calidad, instituciones que garanticen seguridad vial, y organismos que preserven evidencia judicial. Estos decretos, en cambio, producen un Estado impotente para cumplir esas funciones, dejando un vac\u00edo que no llena el mercado y que, en contextos como Tierra del Fuego, el sector privado no podr\u00eda cubrir ni con eficiencia ni con neutralidad.<\/p>\n

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Lejos de robustecer la libertad econ\u00f3mica, las medidas crean nuevas dependencias: de laboratorios extranjeros para certificar productos; de operadores privados sin control t\u00e9cnico para mantener rutas; de decisiones pol\u00edticas para sostener investigaciones agropecuarias; y de la buena voluntad de otras jurisdicciones para asegurar la conectividad. Se trata, en suma, de una transferencia de riesgos y costos al conjunto de la sociedad, sin contrapartida ni compensaci\u00f3n.<\/p>\n

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En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, la inconstitucionalidad de estas medidas no reside \u00fanicamente en la violaci\u00f3n formal del art. 76 CN, sino en su efecto material: la p\u00e9rdida de garant\u00edas institucionales que el Congreso, al crear estos entes, quiso blindar. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha recordado que los fines legales no pueden ser desvirtuados bajo pretexto de reorganizaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n

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Por todo ello, el rechazo de estos decretos no es una cuesti\u00f3n de resistencia pol\u00edtica coyuntural: es la defensa de un m\u00ednimo institucional indispensable para que la Rep\u00fablica funcione como tal, y para que territorios perif\u00e9ricos como Tierra del Fuego no queden librados a su suerte cada invierno.<\/p>\n

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Impacto espec\u00edfico en Tierra del Fuego que tendr\u00edan los decretos de haber sido aprobados<\/strong><\/p>\n

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