El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para transformar la Oficina Anticorrupción (OA) en un verdadero organismo de control, dotado de autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal. El objetivo es claro: que la OA pueda prevenir, investigar y denunciar hechos de corrupción con eficacia y sin condicionamientos políticos.
“La reciente decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad es una prueba irrefutable de cómo la corrupción puede alcanzar los más altos niveles del poder. Y también es un llamado de atención: no basta con que las causas avancen después de años de impunidad. Necesitamos instituciones que funcionen antes, durante y después de cada acto de gobierno. Este proyecto apunta exactamente a eso: a prevenir, investigar y sancionar sin depender de la voluntad política del momento”, sostuvo Blanco.
Hoy la Oficina Anticorrupción está subordinada a un decreto del Poder Ejecutivo. Eso la vuelve vulnerable frente a los mismos actores que debe controlar. “La lucha contra la corrupción no puede depender del humor del gobierno de turno. Este proyecto busca terminar con esa hipocresía institucional”, afirmó el senador.
La iniciativa propone que la nueva OA tenga rango equivalente al de un Ministerio, con independencia del Poder Ejecutivo, y que su titular sea designado por concurso público de oposición y antecedentes. Tendrá un mandato de cinco años y no podrá ser removido arbitrariamente ni recibir instrucciones del gobierno.
Además, se amplían sus atribuciones, otorgándole capacidad real para investigar de oficio, presentar denuncias penales, actuar como querellante, exigir medidas preventivas ante irregularidades y emitir recomendaciones vinculantes. También deberá elaborar un informe final por cada investigación realizada y publicar una memoria anual detallando causas, hallazgos, daño económico al Estado y propuestas de reforma administrativa.
“Esta oficina tendrá dientes. No será más un órgano decorativo. Tendrá herramientas para actuar y sancionar. Queremos que funcione con rigor técnico y valentía institucional”, subrayó Blanco.
En cuanto a la selección de su titular, el proyecto establece requisitos estrictos que excluyen a personas con antecedentes penales, vínculos con contratistas del Estado o cargos partidarios recientes. “No queremos militantes disfrazados de fiscales. Queremos gente con ética pública y formación técnica, no amigos del poder”, advirtió.
La propuesta también incorpora una reforma a la Ley de Ética Pública (25.188), adaptándola al contexto actual de las redes sociales y la comunicación digital. Se prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cuentas personales para promocionar empresas o productos, y se presume oficial toda manifestación realizada en el marco de sus funciones.
“Hoy, un mensaje en redes puede influir más que una resolución oficial. Si no ponemos reglas claras, abrimos la puerta a la manipulación y al uso indebido de la comunicación pública. La ética también debe aplicarse en el mundo digital.”
Finalmente, Blanco fue contundente: “Si queremos reconstruir la confianza ciudadana, necesitamos instituciones que estén a la altura del desafío. La corrupción no se combate con frases bonitas. Se combate con leyes claras, organismos independientes y funcionarios valientes.”
